En un comunicado, suscrito por 107 académicos e investigadores de la economía venezolana, se explican las razones por las cuales Venezuela padece una profunda crisis económica que ha llevado a la población a vivir bajo serias condiciones de precariedad.
Indicaron que desde inicios de 2013 el país muestra los signos “de una crisis económica estructural y profunda que se ha desarrollado como resultado de un conjunto de decisiones de política, dirigidas a destruir el orden económico interno y las leyes más elementales por las que se rige una economía moderna”.
Señalaron que la oferta efectiva de bienes y servicios ha sido afectada por los prolongados y exacerbados controles, intervenciones a la propiedad y distorsiones regulatorias, que han hecho al país más dependiente de las importaciones.
Indicaron que el creciente desbalance externo se ha traducido en un severo racionamiento de divisas y en una merma, cuando no paralización, de las actividades productivas, y en un cuadro crónicamente deficitario en las finanzas públicas que se ha traducido en una exorbitante elevación de la deuda pública interna y externa. “Una economía expuesta a tales desequilibrios inevitablemente termina experimentando una implosión con cada vez más elevadas tasas de inflación, con severos problemas de producción y abastecimiento, y con un deterioro generalizado en la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos, que contribuyen a una significativa merma en el nivel de vida de sus habitantes”.
Destacaron que la crisis se desarrolló en el contexto de una “prolongada bonanza en los ingresos petroleros, como nunca se había experimentado en la historia conocida del país”.
Adicionalmente, la República y Pdvsa iniciaron 2016 con la perspectiva de tener que pagar a los acreedores cerca de 18 millardos de dólares por amortización e intereses de la deuda externa acumulada en los años de la bonanza. “Conjugando acciones desesperadas de ventas de activos, operaciones de pignoración de oro, adelanto de cuentas por cobrar en dólares (con enormes descuentos), negociaciones bilaterales de ciertas obligaciones y atrasos de cuentas por pagar, Venezuela ha podido cumplir con los acreedores externos, pero un fundado temor se posa en esos mercados que se preguntan cuánto más puede el país aguantar”.
También se refirieron a las irregulares del presupuesto 2017 de la nación, que “coloca en un limbo jurídico cualquier nueva operación de crédito público de la República”.
Concluyeron en que los venezolanos deben tener claro que la calificación crediticia internacional que marca a Venezuela hoy como un país no apto para recibir financiamiento voluntario proviene de una terrible lectura de la crisis.
Fuente: El Nacional / BVA