El gobierno de Felipe Calderón tomó la empresa paraestatal de electricidad Luz y Fuerza del Centro (LyFC) bajo señalamientos de ineficiencia operativa, lo que desató el enojo de sus trabajadores sindicalizados que anunciaron movilizaciones para evitar el cierre de la principal compañía que da el servicio en la ciudad de México.
El presidente Calderón anunció la extinción de LyFC y la liquidación de sus empleados en un decreto divulgado la madrugada del domingo, unas horas después de que cientos de policías federales ocuparon con anticipación las instalaciones de la empresa para evitar sabotajes al suministro eléctrico.
´Hasta la muerte por defender la historia´, prometió el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, frente a miles de sus agremiados que se aglutinaron en una plaza del centro de la capital para repudiar el anuncio del cierre de la compañía.
´Han despertado al gigante del SME y ahora se aguantan´, advirtió Eduardo Bobadilla, secretario del Trabajo del SME, un organismo que dice agrupar a 66.000 empleados y que convocó a una multitudinaria marcha para el jueves por calles de la capital.
El sindicato, apoyado por otros grupos sindicales y diputados federales izquierdistas, demandó al gobierno la anulación del decreto, el retiro de las fuerzas federales y la entrega de las instalaciones a sus trabajadores.
´Luz y Fuerza del Centro enfrentaba una situación financiera insostenible, que requería de una transferencia cada vez mayor de recursos con cargo a todos los mexicanos´, dijo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al justificar la decisión.
Aseguró que la paraestatal tenía pérdidas de casi la tercera parte de la electricidad que distribuía, mientras el número de trabajadores ´crecía permanente y desproporcionadamente´.
Luz y Fuerza del Centro suministra electricidad a más de 20 millones de personas en la Ciudad de México y algunas regiones de los estados vecinos de Hidalgo, México, Morelos y Puebla.
Las labores de la empresa intervenida pasaron a ser realizadas por la Comisión Federal de Electricidad, la otra compañía paraestatal que da servicio al resto del país.
La decisión del gobierno ocurrió luego de un conflicto sindical por la negativa de unas autoridades de reconocer a Esparza como líder del SME, grupo que había acusado al Ejecutivo de intentar liquidar a LyFC para privatizarla.
´Es una porquería lo que nos hicieron, son como siempre traicioneros, el gobierno todo lo quiere privatizar. Ahorita somos nosotros, mañana va a ser Petróleos (Mexicanos, Pemex)´, dijo a la AP René Rebollo, un empleado sindicalizado de mantenimiento de la paraestatal desde hace siete años.
Gómez Mont aseguró que la liquidación de LyFC ´no implica la privatización del servicio eléctrico´, pues se mantendrá a cargo del Estado.
El Ejecutivo indicó en el decreto que los costos de la empresa casi duplican a sus ingresos por ventas. Refirió que de 2003 a 2008 los ingresos ascendieron a 235,738 millones de pesos (unos 17.700 millones de dólares), mientras que los costos en el mismo periodo sumaron 433.290 millones de pesos (unos 32,500 millones de dólares).
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, dijo en rueda de prensa que el gobierno garantiza las indemnizaciones a cada trabajador, lo cual implicaría un costo global de unos 20.000 millones de pesos.
El SME señaló que con esos 20.000 millones de pesos podrían reimpulsar LyFC.