Señalan que serán procesados por denunciar robo de oro y por protestar
SUHELIS TEJERO PUNTES | EL UNIVERSAL
viernes 25 de marzo de 2011 12:00 AM
Ayer en la mañana cuatro dirigentes sindicales de la empresa minera socialista Venrus acudieron a la sede del Ministerio Público de Tumeremo, estado Bolívar, donde recibieron una notificación de imputación que se hará efectiva el próximo 12 de abril.
Edward López, sindicalista que fue recientemente despedido de la empresa, señaló que desconoce cuáles serán los delitos por los cuales será imputado junto a tres compañeros más, pero sospecha que los mismos podrían estar relacionados con un paro de 11 días que afectó a la empresa a finales de febrero de este año.
Manifestó que hasta los momentos no han tenido acceso a los expedientes porque su abogado debe juramentarse ante el Tribunal de Justicia de Puerto Ordaz como el defensor de los cuatro afectados.
´Nos van a imputar por unas denuncias que hizo la Guardia Nacional´, dijo.
Venrus es una empresa mixta conformada por el conglomerado ruso Agapov, a través de Rusoro Mining de Venezuela, y la Empresa de Producción Social Minera Nacional, adscrita al Ministerio para las Industrias Básicas y Minería. La empresa socialista explota un grupo de minas de oro situadas en el municipio Sifontes, que antes estaban en manos de la trasnacional estadounidense Hecla.
´Aquí de lo que se trata es de represión sindical, represión al derecho a la protesta. Fuimos botados por protestar porque nuestro contrato colectivo está vencido desde hace cinco años´, destacó, al tiempo que recordó que como dirigente sindical tiene inamovilidad laboral y, por lo tanto, no puede ser despedido.
Pero López no descarta que el despido y la criminalización que enfrentan obedezca a las denuncias sobre la supuesta corrupción que han hecho. ´En Venrus hay una situación irregular. Tenemos pruebas que demuestran el robo de oro a la Nación´, dijo.
López agregó que se han extraviado 28.500 toneladas de oro, denuncia que llevaron al Ministerio de Industrias Básicas y Minería, a la Contraloría y al Parlamento. Aseguró que nadie ha investigado.