Caracas (REDACTA).- A los ingenieros municipales que otorgaron permisos de habitabilidad en conjuntos habitacionales no terminados, el Ministerio Público (MP) les dictará medidas procesales, como parte de las acciones enmarcadas en las averiguaciones de las estafas inmobiliarias que dirige ese organismo.
Luego de que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se reuniera con afectados por las estafas inmobiliarias en la mañana de este lunes, adelantó que impartió órdenes para que los bienes de las personas que serían responsables de las estafas sean ocupados, por lo que convocará a una reunión con diversos cuerpos de seguridad para coordinar las acciones y hacerlas efectivas.
Tanto el presidente Hugo Chávez como distintos ministerios se han avocado a solucionar el problema inmobiliario y están adoptando medidas para garantizarle justicia a todas las personas que invirtieron su dinero en desarrollos habitacionales y hasta la fecha no se los han otorgado por retrasos en la obra.
Ya son 112 personas sobre quienes pesa orden de captura en todo el territorio nacional y 23 están privadas de libertad, luego de que la Fiscalía dictara 205 medidas contra las empresas inmobiliarias, promotoras y constructoras que al parecer están involucradas en dichos actos delictivos.
Hasta el momento, la Fiscalía ha asignado 99 fiscales en todo el país para que atiendan todas las denuncias de los más de 1.678 afectados que supuestamente fueron estafados por unas 200 constructoras y empresas inmobiliarias.
Al final, la titular de la Fiscalía General reiteró que se creó una línea 0-800 víctima (0-800- 42.8462) donde se encargarán de recibir todas las denuncias que hagan las personas.
Protesta por estafas
Un grupo de personas proveniente del estado Anzoátegui exigió ante ese despacho que se atienda los casos de compras programadas de vehículos, ya que existirían más de 5.000 familias afectadas por esta modalidad en todo el país, aseguró David Villarroel. ´Existen casos en Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Sucre y Zulia. Queremos el apoyo del Gobierno Nacional, que sabemos que es el que nos va a dar la solución´, dijeron los manifestantes.
En los casos de las compras programadas de vehículos se le solicitaba al interesado el pago del 20% del valor del automóvil, pero se le decía que si daba el 50% se le asignaría el vehículo de forma rápida. Pero una vez que la empresa conseguía el dinero procedía a cerrarla sin entregar un vehículo. Antes de que se formulase esta denuncia, la fiscal Luisa Ortega Díaz había anunciado el inicio de investigaciones en este sentido.