En sus caras la preocupación es evidente. Caminan por los pasillos de las empresas con menos líneas de manufactura activas, con la incertidumbre marcada en sus pasos. Retumban como un eco entre la desolación del lugar. Se consiguen a un gerente de frente y le preguntan «¿jefe, ya les aprobaron la AAD (Autorización de Asignación de Divisas)?». Los trabajadores ya son expertos en términos técnicos de importación y los empresarios lo saben. Desde Conindustria el llamado es directamente a ellos. A quienes conocen las dificultades de producir en el país y cobran salarios inferiores a sus necesidades, por controles como el de precios, a que se unan a la búsqueda de soluciones.
No hay sector que escape de la crisis ni integrante del personal que no se haya visto afectado. Todos, desde los que laboran en la manufactura hasta quienes llevan las cuentas y se encargan de la comercialización, venta y distribución, están pagando las consecuencias de las dificultades que se afrontan para poder elaborar productos que se venden, por obligación, a precios que hacen imposible aumentar salarios y beneficios. Eso quedó claro en la declaración conjunta realizada el martes por el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, y representantes gremiales de Carabobo, Aragua, Lara y Miranda.
La economía ha funcionado al revés en Venezuela. Las fábricas están deteniendo su actividad y la realidad es que ningún país del mundo puede crecer sin que lo haga su industria. Pero se debe contar con una relación tripartita que incluya a los empresarios, el Gobierno y a los trabajadores.
Propuestas. Varios intentos se han hecho con el Ejecutivo. Pero la respuesta no ha llegado. Se ha enviado a diferentes ministerios y a la Asamblea Nacional una propuesta integrada por cinco puntos principales. El primero es el pago de la deuda a proveedores internacionales que se calcula entre 10 y 12 mil millones de dólares. “No importa cómo se haga. En efectivo o con títulos de deuda pública del BCV”. El segundo es la flexibilización del control cambiario. Lo ideal es que sea una púnica tasa libre y transparente, pero esto incrementaría los precios de algunos productos. Por eso el plan es que en principio se mantenga un sistema dual con control para algunos rubros hasta que se estabilice la economía.
El tercer punto es la eliminación de control de precios que dejó a un lado la rentabilidad de las empresas. El cuarto es el incremento de niveles de producción de las empresas expropiadas o su devolución al sector privado y el último es la modificación de la Ley de Ciencia y tecnología que permita la contratación directa con centros de tecnología que permita actualizarse y poder ser competitivos en el mercado internacional para futuras exportaciones.
Necesidades. El vicepresidente de la Cámara de Industriales de Carabobo, Adán Celis Michelena, calificó la situación de la zona industrial del estado como intermitente. No es normal que las empresas paralicen por dos meses, manden a sus trabajadores a sus casas y después reinicien. Eso rompe la cadena de producción. En ele stado se trabaja a 43% y de mantenerse la caída se cerrará el año en 37%. Para el presidente del gremio en Aragua, José Luís Soto, más importante que las cifras es resolver los problemas que les preocupa a los trabajadores quienes sienten que cada día todo está más caro. “Y no es así. En ningún otro país se consiguen productos tan baratos, pero tampoco se tiene el sueldo más bajo. Con 15 o 20 dólares al mes no se puede sobrevivir”.
Olalquiaga dijo que fácilmente con 20 mil millones de dólares la industria puede sostenerse y trabajar a 100% por un año, pero primero debe ser reactivada para evitar gastar los 50 mil millones que se invirtieron en 2009 para importación en su mayoría de productos terminados con capacidad de manufactura local. Para la fecha el país debería tener más de 25 mil empresas, el último pico fue en 1997 con 13 mil, a partir de ese momento comenzó la merma.
Fuente: El Carabobeño / DB