Directivos de las cámaras de industria y comercio del estado Aragua, reunidas en la sede de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), insistieron en dar a conocer su preocupación por los efectos que está generando sobre la actividad productiva de dicha región la nueva Ley de Timbres Fiscales que entró en vigencia el pasado 28 de noviembre de 2011.
Desde esa fecha, el empresariado aragueño honesto, decente, cumplidor a ultranza de su compromiso, honrando a diario sus obligaciones tributarias por muchas décadas, le ha solicitado al gobierno y al Legislativo regional en múltiples reuniones la modificación inmediata de dicho instrumento legal, en vista de la utilización de parámetros erróneos (metros cuadrados) para causar el pago de un impuesto, tasa o contribución, lo cual genera costos exorbitantes, impagables, insensatos, pero además acarrean fiscalizaciones, multas y cierres de empresas si no se hace efectivo el pago desproporcionado de dicho cálculo.
Participaron en la rueda de prensa el presidente de Conindustria, Carlos Larrazábal González, Edgardo Bossio, directivo de Asoinco Tejerías y Pedro Alvarez Finol, directivo de la Cámara de Comercio y Producción de Cagua y Santa Cruz.
Estos dirigentes, que representan a algunas de las cámaras que introdujeron la semana pasada una acción de nulidad en contra de esta Ley de Timbre Fiscal, argumentan que dicho instrumento legal es inconstitucional por varias razones. Entre otras cosas, porque acarrea una discriminación económica, pues la desproporcionada cuantía de sus tasas impone cargas económicas excesivas sobre los industriales y comerciantes del estado Aragua. “Ello implica que estas empresas dejan de ser competitivas en comparación con sus homólogas que operan en otras regiones del país, donde las tasas a pagar son radicalmente mucho más bajas”.
Recordaron que la ley también es inconstitucional porque no fue sometida a consulta pública como lo ordenan los artículos 62 y 211 de la Constitución.
Igualmente crea una serie de tasas por servicios prestados por órganos del Poder Nacional, vulnerando la interpretación vinculante de la Sala Constitucional con respecto a los artículos 164 y 167 de la Carta Magna.
Otras tasas son inconstitucionales porque usurpan las competencias de los municipios en franca violación del artículo 179 de la Constitución. El estado Aragua pretende cobrar tasas por servicios prestados por los municipios, tales como la emisión de la ficha catastral, constancia de uso conforme, solvencia de propiedad inmobiliaria, licencia de expendio de bebidas alcohólicas y licencia de actividades económicas (Patente de Industria y Comercio), y de la autorización para la instalación de publicidad y propaganda comercial. “Además de ser nula por invadir las competencias municipales, esto implica pagar dos tasas por un mismo servicio, lo cual ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia”.
Reiteraron los dirigentes empresariales regionales que la mayoría de las tasas previstas en la nueva ley son desproporcionadas y exorbitantes, vulnerando la garantía constitucional de no confiscación y el derecho de propiedad. De manera arbitraria, se está fijando el valor de los timbres fiscales sobre la base de las dimensiones del establecimiento comercial o industrial (por metro cuadrado), lo que incrementa de forma irracional el costo de la estampilla que se debe pagar para obtener los permisos, constancias y autorizaciones. De hecho, se están aplicando aumentos de más del 300.000% al utilizar como base de cálculo la unidad tributaria y el metraje de la empresa.
Explicaron que una compañía con instalaciones de 5.000 metros cuadrados que en 2009 pagaba Bs. 1.421,10 por los diferentes timbres fiscales necesarios para mantener la operatividad, hoy debe cancelar Bs. 1.026.900,00, es decir, 72.160,9% más. Y en algunos casos, como el de la ficha catastral el incremento llega a 3.000.000% con respecto al año pasado.
Por estas razones, las empresas de la región hacen un llamado a las autoridades a buscar soluciones que permitan que Aragua siga siendo un estado con una importante actividad económica, que le permita seguir generando los bienes y servicios que demanda la región y el país, así como mantener e incrementar el empleo de manera de mejorar el nivel de vida de la población regional.
Asimismo, las cámaras regionales insisten en mantener su disposición al diálogo y en ese sentido Conindustria ofreció servir de mediador ante las autoridades de la gobernación de Aragua y el Satar en función de buscar mecanismos que permitan una solución definitiva a esta problemática que podría comprometer seriamente la estabilidad de las empresas y del empleo en la región.
En síntesis, los empresarios de Aragua exhortaron al gobierno regional ejecutivo y legislativo del estado Aragua a paralizar de forma inmediata las fiscalizaciones, cierres y multas aplicadas por esta ley, hasta tanto se llegue a un acuerdo cónsono, sensato y lógico de modificación de la misma, y se fije una tarifa plana relacionada con la unidad tributaria en concordancia con la Ley de Timbre Fiscal Nacional.
También hacen un llamado al Tribunal Supremo de Justicia y a su Sala Constitucional a que admita el recurso de nulidad y se pronuncie con la mayor celeridad posible para que, en defensa de la Carta Magna, se resguarden los empleos formales.
Finalmente, alertaron al gobierno nacional, al Consejo Federal de Gobierno, al Ministerio de Finanzas, al Seniat, Sundecop y a los gobiernos municipales del estado Aragua, en el sentido que de seguir la aplicación de esta ley se verán incrementados los índices de desempleo e inflación y los empresarios aragüeños no tendrán recursos para pagar sus impuestos ni podrán cumplir con su mayor compromiso que es el social.