Caracas (AFP) Trabajadores de las empresas estatales del aluminio continuaron sus protestas este martes para mostrar su rechazo a los retrasos en los pasivos laborales y en las inversiones, al mismo tiempo que rechazaron la criminalización de las recientes manifestaciones.
Más de 1.000 obreros de las cuatro principales empresas que componen el circuito del aluminio venezolano –Carbonorca, Venalum, Bauxilum y Alcasa– exigen el pago de 250 millones de dólares que el presidente Hugo Chávez prometió en agosto para saldar pasivos laborales, señaló a la AFP Emilio Campos, dirigente laboral de Carbonorca.
“Han venido mutilando muchos beneficios de los trabajadores, los contratos colectivos de las cuatro empresas están vencidos, unos desde hace un año, y están tratando de desconocer la dirección sindical”, reclamó Campos.
El líder sindical insistió en que también protestan “por la libertad sindical y la no criminalización de las protestas”.
La semana pasada cinco trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), holding que agrupa a las empresas básicas, fueron apresados por la Guardia Nacional por exigir el pago de derechos laborales. Posteriormente fueron dejados en libertad.
Además, Rubén González, dirigente del sindicato de Ferrominera, es objeto de un juicio en libertad supuestamente por haber promovido disturbios en una de las plantas de la empresa.
“La protesta en Venezuela se ha criminalizado y corremos el riesgo de ser aprehendidos por el hecho de protestar”, dijo a la AFP Jose Luis Morocoima, dirigente sindical de Bauxilum.
Los obreros también reclaman celeridad en la aplicación de las inversiones. El viernes, el ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, anunció que Venezuela invertirá 1.200 millones de dólares en la “adecuación tecnológica” de la industria del aluminio, a fin de dar un nuevo impulso al sector.