Miranda, octubre 12 (REDACTA).- Esta semana se enviará a la cámara municipal el resultado de las investigaciones, acerca de la propiedad de las tierras donde funciona la empresa Pedeca, con la comprobación de que éstas son del Estado, según señaló el síndico municipal, Luis Omar Castellanos, a fin de que se declaren de utilidad pública.
Desde principios de este año, el alcalde de Miranda, Eduardo Sequera, se propuso la expropiación de la citada empresa que se conoce con el nombre de “Pedeca”, pero que en realidad es “Industrias Unidas Montalbán C.A.”, hecho que desconocían las autoridades municipales, pues los impuestos siempre fueron cancelados a nombre de Pedeca, esto motivó que el Decreto de Expropiación que el alcalde enviara a la cámara municipal el 15 de abril para su publicación en Gaceta Oficial, fuera devuelto.
El mandatario municipal solicitó al síndico, Luis Omar Castellanos, que realizará una investigación acerca de la titularidad de los terrenos, pues como se sabe, la propiedad de la mina de arena y piedras que existe en el lugar, es del Estado, sólo que éste otorgó una concesión. Después de los estudios de los documentos en el Registro de Montalbán, municipio al que perteneció Miranda, se dieron cuenta que la cadena titulativa no estaba completa.
En un documento de 1926, José Dolores Bello no acreditó en éste la tradición de las tierras, incluso, hay una contradicción en el escrito, pues en primer lugar dice que él tenía derecho a ellas porque fueron heredadas de su madre Victoria, sin proporcionar apellido, pero más adelante expresa que las adquirió de Luisa Jiménez de Pingel, es decir, que hay dudas de si las heredó o las compró.
El síndico Castellanos señaló que con los documentos que obtuvo de parte del Registro de Montalbán, irá a la cámara municipal, la cual debe emitir un dictamen de utilidad pública y se le pasará el caso a los ministerios que corresponda, pues por un lado están las tierras que son de vocación agrícola y por el otro las minas, entonces serán los de Agricultura y Tierras y Energía y Petróleo, los que decidan, ya que se debe establecer si la concesión de la mina está vigente o no. (JSP)