Concejo Municipal de Girardot en conjunto con el Parlamento Regional adecua Ordenanza de Ejidos y Terrenos a la recién aprobada normativa
María de los Ángeles Castillo.- En el municipio Girardot, al menos 45 mil familias no poseen un techo propio. Con la promulgación de la nueva Ley Especial de Tierras Urbanas, el déficit de vivienda pudiera disminuir en un porcentaje considerable, si se toma en cuenta que en esta jurisdicción existe un gran número de terrenos que se encuentran baldíos o sin utilidad.
Así lo explicó el concejal de la Cámara Municipal de Girardot, José Hernández, presidente de la comisión de Ejidos y Terrenos, basado en lo que establece la nueva normativa en el Artículo 16 “Las tierras urbanas ocupadas con afectaciones que estén en ruinas, con fallas de construcción, deterioradas, que estén inhabitadas o declaradas inhabitables, deberán ser enajenadas al Estado por su propietario, con la finalidad de que cumplan la función social a la que están destinadas”.
Esta ley, tiene por objeto regular el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat, de allí, que el edil, hace un llamado a los Comités de Tierras de los consejos comunales, para que se activen y comiencen a presentar ante la Cámara todas las denuncias sobre casos de espacios improductivos en la jurisdicción.
Es importante recordar que, desde el Parlamento local, se está elaborando una ordenanza, en conjunto con el Consejo Legislativo Bolivariano del estado Aragua, para regular igualmente la propiedad urbana. Es por ello, que, una vez aprobada la ley en el seno de la Asamblea Nacional, se está en la búsqueda de la adecuación del reglamento municipal al nacional.
Según Hernández, esta ley es innovadora en los artículos 3, 6, 16, 22, 31 y 33, pues con su contenido contribuyen a reforzar el Poder Popular y sobre todo, a combatir el latifundio urbano.
“Nosotros vamos a darle curso a esta ley”, dijo el concejal José Hernández, sin embargo, dejó claro que la intención no es expropiar si no, rescatar todos aquellos espacios que puedan servir para solucionar el problema de vivienda en la jurisdicción, evitando así la toma ilegal de terrenos.