26/07/2011 06:59:16 p.m. | Jesús Hurtado.- De los 88 artículos que contiene la recién aprobada Ley de Costos y Precios Justos, 42 de ellos (48%) son referidos al régimen sancionatorio y la ejecución de los procesos administrativos aplicables a quienes violen la normativa.
“Según el Código Orgánico Procesal Penal, ningún delito puede ser penalizado dos veces, pero en el caso de esta ley se penaliza hasta tres veces: con multa, cierre e inhabilitación para el ejercicio de la actividad comercial”, señala Frisned Piñate, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (Canidra).
La apreciación de Piñate se queda corta. La revisión del texto legal permite apreciar que son cinco los tipos de penalizaciones las que pueden ser aplicadas a quienes violen la normativa: multa, cierre, inhabilitación, ocupación temporal y decomiso de mercancía.
No obstante, la ex presidenta de Corte Suprema de Justicia Cecilia Sosa Gómez, asegura que afirmar el carácter punitivo de la Ley de Costos y Precios Justos es redundante y hasta cierto punto fuera de contexto, pese a reconocer que el peso del tema sancionatorio es muy prenunciado respecto a la materia regulatoria y de funcionamiento del sistema que inaugura.
“Nadie puede oponerse a que se dicten leyes que vengan a regular una materia que busque inhibir el cometer daños a un colectivo, pero está claro que esta ley pretende demostrar al colectivo de seguidores del presidente Chávez que el responsable de la inflación es el sector privado”, afirma Sosa Gómez.
Para la exmagistrada, la nueva Ley no es un instrumento para advertir y atemorizar al sector productivo, a fin de librar la responsabilidad como principal agente del aumento de precios a través de los controles cambiario y de precio.
“La ley castiga la ganancia y usa este castigo como un mecanismo de cohesión político”, fustigó Sosa.