´Se parte de la base de que el Estado es todopoderoso y que la actividad privada está subyugada´ ´Este instrumento va a producir más complejidades y mayores temores para las empresas´
ROBERTO DENIZ , JUAN MANUEL RAFALLI , ABOGADO CONSTITUCIONALISTA | EL UNIVERSAL
lunes 15 de agosto de 2011 12:00 AM
La Ley de Costos y Precios Justos entrará en vigencia el 22 de noviembre. A partir de ese día se despejarán o acentuarán los temores que ha despertado el órgano ideado en el texto jurídico: la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.
A falta del reglamento que detallará cómo se aplicará el instrumento jurídico, el abogado Juan Manuel Rafalli no vacila al afirmar que los objetivos que justificaron la promulgación del texto vía Habilitante no se cumplirán.
´Es un espejismo tratar de hacer ver que la inflación se puede combatir con una ley´.
La argumentación del constitucionalista se sustenta en el fracaso del propio marco regulatorio levantado en la administración de Hugo Chávez.
´La inflación no se corrige con leyes. Si la inflación se corrigiera con leyes, la ley del Indepabis hubiera permitido corregir la inflación´.
Según su análisis jurídico, buena parte de las intenciones de la norma publicada el pasado 18 de julio en la Gaceta Oficial 39.715 también justificaron leyes precedentes. ´Pareciera que el primer objetivo de la ley no es necesariamente dar más facultades a un órgano especializado, sino más bien pareciera que el objetivo es levantar una enorme cantidad de información en materia de costos y precios para que el poder Ejecutivo disponga de esa información y la pueda utilizar´, advierte el también profesor universitario.
-¿Cómo pueden las empresas y personas preparase para la aplicación de una ley tan amplia?
-Este nuevo instrumento va a producir más complejidades para las empresas a la hora de determinar sus precios, mayores temores porque esta ley sigue estableciendo sanciones muy fuertes, incluyendo la inhabilitación para el comercio y, sobre todo, creo que uno de los grandes inconvenientes que va a generar es la dificultad para presupuestar.
Esto obliga a la formalización de muchas actividades empresariales que venían siendo absolutamente informales. Si esta ley se aplica a todo rigor va a ser imposible que toda persona que realice una actividad económica no tenga por lo menos un balance y una estructura de costos y gastos. A quienes no lo tengan, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios y particulares, la sugerencia es tratar de prevenir porque si la aplicación de la ley es tan amplia como está concebida van a tener que usar esos instrumentos.
-Inicialmente todos los actores económicos deben inscribirse en el Registro Nacional de Costos y Precios.
-Todo el que venda un bien o preste un servicio a cambio de una cantidad de dinero o de una contraprestación debería registrarse, con excepción de la banca. Que eso lo puedan aplicar genéricamente no lo creo, pero lo que quedó escrito dice eso: todo el mundo tiene que retratarse y tiene que mandar la información, ahora no sabemos qué va a pasar y cómo lo van a aplicar. Lo que sí sabemos es que como quedó escrito el deber del registro es para todo el mundo y por eso esto pretende cruzar la economía del país horizontal y verticalmente.
Al que no se registra no sólo le pueden imponer sanciones, sino que lo pueden privar de la realización de otros trámites oficiales como la obtención de divisas, solvencia laboral, seguro social, etc.
-La ley confiere a la Superintendencia la posibilidad de emitir criterios sobre las estructuras de costos de las empresas, ¿Esto no supone una pérdida de autonomía de los privados?
-No tengo dudas de que esta ley es un eslabón más de esa cadena de normas que construyen lo que se llama o ha llamado un Estado socialista, cuya primera definición clara la encontramos en las leyes del poder popular, que fueron aprobadas en noviembre de 2010.
Como todas esas leyes se parte de la base de que el Estado es todopoderoso, que tiene unas enormes capacidades de intervención y que la actividad privada está subyugada o reducida a un segundo plano. Esto de por sí representa el pecado original porque la Constitución vigente ordena el fomento de la iniciativa privada y la coparticipación del Estado y los empresarios para conseguir la mayor cantidad de prosperidad y bienestar posible de la población. En el momento mismo que la visión del Gobierno y el Estado sea disminuir y menguar la iniciativa privada, desde ese mismo momento se apartan del modelo socioeconómico que está previsto en la Constitución.
-¿El Estado no debe intervenir en el mercado?
-Creo que el Estado debe tener unas potestades controladoras para evitar excesos, lo que digo es que había normas y se podían aplicar sensatamente para mantener dentro de un cauce de racionalidad la actividad del mercado cuando ella se saliera de unos parámetros de relativa decencia.
-¿Considera entonces que los gremios empresariales deben interponer un recurso de nulidad contra la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia?
-La actitud natural de una sociedad que siente que este tipo de leyes va más allá de lo que razonablemente debería ser un mecanismo de control es, precisamente, acudir a las instituciones oficiales.
Siempre se entra en la conjetura de que aquí no hay instituciones, no hay ley, pero independientemente de eso hay que poner a prueba las instituciones y hay que agotar el trámite porque si no lo haces estás mostrando una conformidad con la existencia del instrumento.