Se presenta más radicalización ante poca disposición del Gobierno al diálogo
SUHELIS TEJERO PUNTES | EL UNIVERSAL
viernes 11 de marzo de 2011 12:00 AM
Casi la mitad de las protestas que se registraron en febrero fueron laborales, según destaca un reporte elaborado por el Observatorio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
De acuerdo al informe ´Conflictividad y protesta social en Venezuela´, se registraron 203 protestas laborales el mes pasado, lo que además representó un alza de 42% con respecto a los 143 conflictos reportados en enero.
´Marchas, huelgas de hambre, paralizaciones, concentraciones y asambleas permanentes fueron algunas de las expresiones de lucha realizadas por la masa obrera (…) El mes se caracterizó por una intensa movilización de los sectores público y privado´, señala el documento.
Clacso, en un informe dado a conocer por Provea, señala que las principales demandas de los trabajadores fueron la discusión de las convenciones colectivas paralizadas, pago de pasivos, estabilidad laboral, ausencia de inversión en las industrias básicas, rechazo a la criminalización de la protesta social, así como la libertad para dirigentes sindicales privados detenidos.
Asegura que las protestas se han radicalizado, lo que revela poca disposición al diálogo y a la resolución de los problemas por parte del Gobierno nacional. El reporte indica que la respuesta tarda hasta 20 días, pero en algunos casos nunca llega.
´No todos obtienen respuesta, como es el caso de los trabajadores de Cemex, en el estado Zulia, quienes tienen 4 meses en huelga de hambre´, dice el documento.
Por otro lado, destaca que Bolívar fue el estado que congregó las principales protestas laborales, lo que sostuvo el nivel de tensión registrado en enero.
El reporte resalta que los conflictos, la mayoría de ellos en las empresas básicas de Guayana, se han agudizado ante la ausencia de respuestas efectivas y oportunas por parte del Gobierno nacional.
De esa entidad Clacso y Provea destacan el caso del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, Rubén González, quien a fines de febrero fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión por su participación en una protesta laboral. Tan solo 72 horas después el Tribunal Supremo de Justicia le otorgó libertad condicional y ordenó repetir el juicio en su contra.
Para Clacso y Provea la medida es el resultado de la presión social y del trabajo articulado entre las organizaciones. No obstante, reportó que los sindicatos afirmaron que es un triunfo parcial, porque no se logró la libertad plena del dirigente.