Más de 1.000 trabajadores de Empresas Polar se reunieron ayer en Caracas y en otras 7 ciudades del país para rechazar los atropellos, las amenazas y las detenciones de las que han sido víctimas recientemente, y para exigir el cese inmediato de lo que aseguran es una persecución de las autoridades.
“No somos delincuentes, somos trabajadores, exigimos respeto. Somos personas honestas, lo que hacemos es salir a la calle día a día a aportar granos de arena para mejorar. Basta de atropellos”, demandó Maigre Atienza, gerente de Operaciones Comerciales, territorio centro occidente.
Atienza es una de los 23 trabajadores de Empresas Polar que han sido detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, de la Guardia Nacional Bolivariana y de otras instituciones del gobierno en diferentes procedimientos, en lo que va de año.
“A nosotros nos detuvieron el martes 13 de septiembre. Había un procedimiento con el Ministerio del Trabajo en la agencia de Acarigua, Portuguesa, de pronto nos señalaron, nos agarraron. No sabíamos qué pasaba, ni de qué nos acusaban porque no presentaron órdenes ni nada. Entramos en pánico, nuestros compañeros lloraban. Nos llevaron al comando de la Guardia Nacional y luego de 32 horas nos soltaron”, contó.
Hasta la fecha, la única trabajadora que permanece detenida es Layra Parra, gerente del Centro de Distribución de Yaracuy. Se la llevaron luego de que se negó a entregar a autoridades de la entidad 259 toneladas de harina de maíz.
“Layra no cometió ningún delito. Lo que hizo fue defender la distribución extensiva de los 259.000 kilos de harina que estaban exigiendo que se despacharan en Yaracuy. Nosotros atendemos a 11 estados, 75 municipios, 3.000 clientes y más de 12 millones de consumidores. Se la llevaron injustamente. Está en la sede de la GNB en Yaracuy. Tiene 13 días detenida, sin poder atender a sus dos hijos ni ir al trabajo. Estamos exigiendo su liberación inmediata”, dijo Victoria Marsden, supervisora del centro de distribución.
A la Defensoría. El caso de Parra es una muestra de que los están deteniendo sin motivos, aseguró Marsden. Precisó que la jueza que lleva el caso de su compañera sentenció que no se había cometido delito y que debía dársele libertad plena. Sin embargo, el lunes 12 de septiembre se emitió una boleta de excarcelación, pero pagando una fianza. Aun así sigue detenida.
Los trabajadores afirmaron que próximamente presentarán una solicitud formal ante la Defensoría del Pueblo para que abra una investigación sobre lo ocurrido con las detenciones. Además, pidieron al gobierno agilizar la asignación de divisas a la empresa, para poder reactivar todas las líneas de producción.
Fuente: El Nacional / MFS