´En cualquier estado de derecho existe la presunción de inocencia hasta que se declara la culpabilidad del acusado´, indicó a Efe el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, después de que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informara hoy de la investigación de una ´masiva estafa inmobiliaria´ en el país
El sector inmobiliario venezolano pidió este lunes que no se condene a sus miembros sin darles la posibilidad de defenderse y de explicar las causas que presuntamente les llevaron a incumplir acuerdos con compradores de viviendas.
´En cualquier estado de derecho existe la presunción de inocencia hasta que se declara la culpabilidad del acusado´, indicó a Efe el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, después de que la fiscal general, Luisa Ortega, informara este lunes de la investigación de una ´masiva estafa inmobiliaria´ en el país.
Ortega indicó que se ha detenido a 23 personas y emitido ordenes de captura contra otras 112 por su supuesta implicación en esa estafa, que investigan 99 fiscales y que afecta a dueños de empresas de construcción, de viviendas y otros estamentos del sector.
Martini indicó que la Fiscalía está suponiendo la culpabilidad de los afectados tanto al privarles de la libertad como al promover la confiscación y liquidación de sus bienes sin haberse realizado un juicio. ´¿Quién les resarcirá los bienes y el buen nombre de estas personas si en el juicio son declaradas inocentes?´, dijo.
´La Cámara no tiene problema en reconocer la culpabilidad de alguien si así resulta de un juicio justo, pero no se puede satanizar a todo el sector ni a quienes durante los últimos 50 años han construido el 75 por ciento de las viviendas del país´, manifestó el representante inmobiliario.
La Fiscalía respaldó las ordenes de detención asegurando que los compradores ´estafados´ ´pagaron precios exorbitantes´ por viviendas construidas en terrenos ´que ni siquiera eran propiedad´ de las inmobiliarias y que estos casos se dieron en casi todo el país.
Martini planteó que antes de emprender acciones tan radicales la Fiscalía debió investigar cuáles fueron las causas que llevaron a tan alto número de constructores y promotores de viviendas a incurrir en los mismos presuntos delitos en el mismo lapso de tiempo.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria dijo que la Fiscalía debería revisar si las irregularidades que se les atribuyen a los acusados se debieron a la falta de materiales de construcción o a factores financieros que escaparon a su voluntad.
Por otra parte, Martini indicó que el sector inmobiliario está dispuesto a colaborar con el gobierno en la construcción de unas 200.000 viviendas hasta diciembre de 2012, cuando serán las elecciones presidenciales.
Para ello será necesario que se garanticen en los lugares urbanizados servicios de transporte e infraestructura, que los constructores dispongan de cemento y acero, financiación pública y privada para afrontar los costos de construcción y amortización de las viviendas, así como seguridad jurídica.
Martini dijo que la cámara que preside ha propuesto la creación de una ´mesa de trabajo´ en la que estos puntos serían tratados entre representantes del Gobierno, de la banca y de los promotores inmobiliarios con el fin de establecer una política de Estado.