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Sector industrial atraviesa por un cerco que incide en el aparato productivo

María Teresa Guedes
Para la autoridades de Fedecámaras Carabobo en los actuales momentos el sector industrial de la entidad atraviesa por un cerco, levantado por los problemas en la obtención de divisas, existentes en el Puerto de Puerto Cabello, las dificultades generadas con el racionamiento eléctrico y la falta de inversión, que incide en la disminución del aparato productivo regional e influye de manera directa en una disminución entre el cinco y siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Tulio Hidalgo, presidente de la federación, explicó que la estructura productiva privada nacional, que durante décadas se fue consolidando con esfuerzo, ha sido impactada en forma brutal, obligándola a contraerse severamente con la consecuente disminución del volumen de productos y servicios generados en Venezuela. “El incremento de la inflación y la reducción del empleo formal han sido resultados inevitables”.
En torno a los problemas que confronta el sector detalló que se mantienen los conflictos en Puerto Cabello, pues pese a que ha pasado un año de la “centralización” no han mejorado los problemas que en su momento fueron motivos para dar paso a este proceso por parte del Gobierno Nacional.
Sostuvo Hidalgo que el Puerto carabobeño no es competitivo en el mercado por la cantidad de padecimientos que sufre como los altos costos portuarios, retardos en los procesos de nacionalización de las cargas y la negligencia con que se opera la principal terminal marítima del país.
“Hasta la fecha Bolivariana de Puertos S.A. no ha cumplido con la Resolución N° 192, en la cual se comprometen a indemnizar a las empresas a las que se les expropiaron maquinarias y equipos, además hay información de que muchas de éstas se encuentran inoperativas por falta de mantenimiento. El tiempo de permanencia de la mercancía en el Puerto se extiende hasta 25 días, lo que se traduce en mayor costo de la misma, igualmente el tiempo de relocalización de las cargas ya que agentes aduanales señalan que manejan tiempo de hasta 15 días”.
Mencionó el directivo gremial que la tarifa única y solidaria que prometía Bolipuertos no se ha conseguido, mientras los empresarios “continuamos a la espera del patio único de exportaciones o estéril, situación que no tiene sentido en un esquema en el que el almacenamiento está en manos del Estado, razón por la que sugiere el sistema del patio único, debidamente organizado y con claros procedimientos para la recepción y despacho de mercancía”.
Manifestó que consideran que debe crearse una política que promueva las exportaciones, que han caído en 60%.

50% menos productivos
La pequeña y mediana industria, según Hidalgo, no presenta un panorama alentador en Carabobo, porque “han presenciado una destrucción del 50 por ciento del parque industrial en los últimos diez años, convirtiendo galpones para la producción en almacenadoras de productos terminados, con lo que se destruyeron trabajos bien remunerados en la entidad”.
Subrayó que los sectores más afectados han sido metalmecánica, textil y calzados con una disminución global de 11 mil puestos directos en la PYMI.

Expropiaciones Vs. confiscaciones
Cifras aportadas por el directivo de Fedecámaras, indican que entre el último trimestre del año 2005 y lo que va de 2010, fueron transferidas al sector público alrededor de 200 empresas, invocando la declaratoria de utilidad pública y la expropiación, aunque en la mayoría de los casos se trata de confiscaciones, porque no se ha cumplido el proceso constitucional.
“Ningún sector de la economía ha quedado exento de las arbitrariedades gubernamentales en su empeño por convertirse en monopolizador de la economía, fomentando la burocracia y la pérdida de recursos. Esta situación se repite en Carabobo con constantes visitas e inspecciones de organismos del Estado a pequeños y medianos empresarios”.
El sector comercio también ha sido afectado -apuntó- por el deterioro de los servicios públicos en general, así como el comercio informal, el racionamiento eléctrico, la voracidad fiscal de las alcaldías, los problemas con la obtención de divisas, así como la inseguridad jurídica y personal, lo cual afecta de manera directa a los propios trabajadores. Todo ello se demuestra en una disminución en las ventas por el orden del 20 por ciento para el último trimestre de 2009, enfatizó para finalizar.

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