Caracas, 01 Mar. AVN .- Proteger al llamado débil jurídico al garantizar el derecho a la vivienda de los inquilinos sin vulnerar la propiedad de los dueños de los inmuebles es el principal objetivo del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios, que este miércoles presenta el movimiento de inquilinos ante la Asamblea Nacional (AN) para su discusión y aprobación.
Rígel Sérgent, de la Red Metropolitana de Inquilinos, destacó que esta propuesta legislativa busca “equilibrar la relación entre inquilinos y propietarios, especialmente ante los grandes propietarios”.
En el tema de los desalojos, el proyecto, explicó Sérgent, se plantea una diferenciación entre los grandes y los pequeños propietarios.
En el caso de quienes tengan pocos apartamentos destinados a alquiler y necesiten el inmueble para un familiar, procede el desalojo pero se incluye la corresponsabilidad del Estado para la reubicación del inquilino, de manera de equilibrar el derecho del dueño de la casa y la necesidad de vivienda del arrendatario.
Con respecto a los grandes propietarios se persigue frenar los desalojos arbitrarios, mediante la eliminación de la figura de los contratos a tiempo determinado.
Puntualizó que, sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones por parte de los inquilinos, como el pago del canon de arrendamiento, se considera una causal de desalojo legal. “La ley no apoya vagabunderías de inquilinos”, precisó.
A partir de un borrador de trabajo, hace casi dos meses se impulsó un proceso de debate que abarcó asambleas en más de 10 estados del país y en varias parroquias de Caracas.
Esa primera propuesta sufrió algunas modificaciones, explicó Sérgent, como el hecho de que decidieron restringir la normativa a los inmuebles arrendados destinados a vivienda, pues el proyecto original incluía también los establecimientos para comercio y oficinas.
Además, la propuesta prevé la regulación del canon de alquiler y precios de venta para todos los inmuebles, en función de las características del mismo. El proyecto originalmente abarcaba sólo las viviendas construidas hasta hace 10 años.
La ley también plantea la creación de una instancia estatal de inquilinato a nivel nacional, que involucre al poder popular a través de los movimientos sociales y de los consejos comunales.
Otro punto destacado de la propuesta legal es la protección especial a grupos vulnerables, como adultos mayores, niños, adolescentes, madres solteras y personas con discapacidad, a fin de garantizarles el derecho a la vivienda y la posibilidad de adquirir el apartamento.
Sérgent resaltó que esta propuesta nace a raíz de numerosas violaciones a los derechos de los inquilinos, como la firma de contratos leoninos, que los obligan a renunciar a la prórroga estipulada para desalojar la vivienda o a acceder a aumentos del canon de arrendamiento pese a la congelación de los mismos.
Para ello, se propone que todos los convenios de arrendamiento sean avalados por el Estado para asegurar que no violen las garantías de los inquilinos, así como la realización de un censo nacional de viviendas destinadas a alquiler, con el fin que cada contrato sea manejado directamente por los propietarios y no por administradoras.
Sérgent resaltó que a partir de la entrega del anteproyecto en la AN esperan que continúe el debate sobre la propuesta legislativa en todos los sectores nacionales.