El objetivo principal de todas las inspecciones y fiscalizaciones es asegurar que los venezolanos tengan acceso a los alimentos a precios regulados y no atentar ni arremeter contra las empresas privadas.
Así lo sostuvo el ministro del Poder Popular para el Comercio (Minco), Richard Canán, quien explicó que la medida de fiscalización por parte de funcionarios del Ejecutivo Nacional no es una arremetida contra la empresa Polar, Frisa o cualquier otra planta procesadora, distribuidora o importadora de productos alimenticios de primera necesidad.
A su juicio, los intereses del pueblo privan sobre la propiedad privada de aquellos comerciantes y empresarios que incurren consecutivamente en actividades especulativas, acaparamiento, remarcaje de precios, contrabando, boicot y usura en los precios regulados en Gaceta Oficial.
Del mismo modo, manifestó que la propiedad privada en nuestro país está totalmente garantizada y contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su articulado número 115 se garantiza el derecho a la propiedad y el uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.
Dentro del marco legal a la cuales está sujeta la propiedad privada del sector alimenticio destacan la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (Lossa) y la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada), entre otras regulaciones.
Explicó además, que no se trata de un ensañamiento con la empresa Polar y sus trabajadores, como difunden algunos medios de comunicación social, sino de hacer cumplir las leyes que rigen el sector alimentario.
Control en la distribución
El pasado jueves 20 de mayo, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), decomisó 120 toneladas de alimentos (harina de trigo, mantequilla, arroz, mayonesa y aceite), los cuales se encontraban acaparados en los galpones de la empresa de alimentos.
Estos productos de la canasta alimentaria carecían de las guías de movilización de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada).
“¿Por qué Polar no explica, por qué no tenían las guías de movilización de estos alimentos y cómo un producto que ellos distribuyen directamente a sus puntos de ventas, estén en manos de los comerciantes informales”. Ellos todavía no han explicado ni respondido nada”, reflexionó Canán.
Del mismo modo, explicó que todos los alimentos de Polar tienen un número o código. En ese sentido, el Ejecutivo Nacional solicitó a dicha empresa, por medio de esos dígitos, explicaran a qué comercios iban estas 120 toneladas de alimentos. “Aún no hemos recibido una respuesta de la empresa”.
En tal sentido, se “presume que en la cadena de comercialización que despacha los alimentos hay una desviación que llega al mercado informal”, alertó el titular de la cartera de Comercio.
Reiteró que el objetivo es que el pueblo venezolano tenga el acceso a los alimentos y no arremeter contra Polar. Sin embargo, adelantó que actuarán e intervendrán cualquier empresa si se constata irregularidades en la elaboración y distribución de alimentos.
“Aquí hay un Gobierno serio, que no permitirá irregularidades ni violaciones a las leyes venezolanas. Si se descubre algún hecho ilícito el Ejecutivo Nacional actuará”, preciso Canán.
No es arremetida contra Polar
El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Félix Osorio, coincidió con Canán, en que no es una arremetida contra Polar, sino con todas aquellas empresas que ven a los alimentos como simple mercancía y no como necesidad.
Destacó que aquellas empresas alimenticias que trabajan apegadas al marco jurídico, que cumplen con las normas de permisología y sanitarias, que cumplen con las guías de movilización y protegen a sus trabajadores, “no tiene nada que temer, porque están trabajando a favor de la soberanía alimentaria”.
Sin embrago, indicó que las plantas que violen dichas normativas cargarán con las consecuencias legales estipuladas en la Ley. ABN