Nueva ley cambia parámetros para definir a la pequeña y mediana industria

El universo de la pequeña y media industria se verá incrementado de manera considerable tras la reciente reforma de la ley que rige la promoción de este sector, toda vez que el texto legal en cuestión cambió los parámetros que se utilizan para medir el tamaño de una unidad productiva.

Así lo establece el Decreto 1.413 que contempla la Reforma de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, en cuyas definiciones se estipula que “se considerará pequeña industria a aquellas que tengan una nómina promedio anual de hasta 50 trabajadores y con una facturación anual de hasta 200.000 unidades tributarias”.

En términos más sencillos, esto significa que muchas industrias hasta ahora consideradas como grandes pasarán a ser tomadas como pymis, e incluso un buen lote pasará a engrosar las filas del tejido microindustrial, una categoría regida por una normativa distinta que, al menos en teoría, ofrece ventajas para el desarrollo de este tipo de unidades de producción.

De hecho, una de las ventajas que tienen las unidades de producción de formato más pequeño se centra en las facilidades para la obtención de financiamiento, pues las condiciones para el otorgamiento de créditos se simplifican de acuerdo con el tamaño de la industria. También repercute en incentivos fiscales, mejores condiciones para propiciar la transferencia tecnológica y la obtención de materia prima.

“se considerará pequeña industria a aquellas que tengan una nómina promedio anual de hasta 50 trabajadores y con una facturación anual de hasta 200.000 unidades tributarias”.

Estas condiciones serán aún más ventajosas para las industrias que pasarán a formar parte del tejido microindustrial, dado el especial tratamiento que recibirán tras la publicación de la nueva nomenclatura.

Cambio de manos. El decreto promulgado por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la Ley Habilitante y publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.151, traslada las competencias de promoción a las pymis del Ministerio de las Comunas al de Industrias, un cambio más que lógico tomando en cuenta que es esta la cartera que maneja todo lo concerniente al desarrollo industrial de la nación.

Aspecto que no puede pasar desapercibido es la eliminación del concepto de cooperativa como una variante de la unidad de producción social, como establecía la ley reformada. En contraparte, se incluyen las empresas de propiedad social comunal o indirecta en esta categoría.

Del mismo modo, se establece la aplicación de medidas temporales de resguardo de bienes cuando se sospeche una situación de pérdida o deterioro de activos adquiridos con financiamiento especial otorgado a la industria por su condición de pymis, a fin de garantizar la recuperación del patrimonio público.

El Inapymi también podrá, a partir de ahora, recuperar los bienes de las industrias que haya financiado en situación de atraso, lo que abre la puerta para la posible confiscación de activos en caso de reestructuración o refinanciamiento.

Otro aspecto a destacar es la exención de impuestos, tasas y contribuciones para trámites notariales realizados por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi), lo que en teoría significa destinar esos recursos a las labores propias del instituto.

De igual forma, la reforma a la ley establece la extensión de la taquilla única para realizar trámites administrativos en una misma dependencia, una figura que hasta ahora estaba presente solo en las principales ciudades.

En cuanto a las sanciones por desviación de recursos otorgados por Inapymi, la ley mantiene en 10 años el lapso que deberá esperar el infractor de esta norma, mientras que el reincidente quedará excluido por 15 años de cualquier posibilidad de obtener estos beneficios.

Por último, y no menos importante, cabe destacar que el decreto que establece la reforma legal deberá ser reimpreso por error, pues el artículo que fija la sanción por reincidencia en la desviación del financiamiento otorgado por el Inapymi remite a los artículos 40 y 41 de una ley cuyo articulado solo contempla 39 puntos.

Fuente: El Mundo Economía y negocios

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