El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, señaló en días pasados que la propiedad privada ´no es sagrada´, sin embargo, la Carta Magna considera el derecho de propiedad como fundamental.
Abogados consultados explican que el Gobierno va más allá de las leyes, y sus acciones no se corresponden con los principios constitucionales. Y una manifestación de esas interpretaciones gubernamentales fue la firma que realizó el primer mandatario del decreto de adquisición forzosa de los terrenos de la Zona Industrial 1 de Barquisimeto, donde se encuentran los galpones de Empresas Polar y otras industrias.
Los especialistas explican que los artículos que garantizan el derecho de propiedad se encuentran el título III de la Constitución correspondiente a los derechos humanos, y estos son sagrados.
José Vicente Haro, profesor y abogado, recuerda que la disposición 115 de la Carta Magna garantiza la propiedad e indica que la misma estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezcan las leyes.
´Eso significa que la propiedad se respeta y cuando se ejercen procedimientos sobre la propiedad, éstos tienen que estar adecuados a los marcos legales´. En ese contexto, pone como ejemplo, que si una persona tiene un local y el mismo está cerca de un colegio, ese local no puede ser un lugar de envite y azar, tiene que cumplir con los objetivos previstos en las diferentes leyes.
Luis Alfonso Herrera, especialista en derecho administrativo, expresa que el derecho de propiedad ´al estar en la Constitución es inviolable y el Estado está obligado a respetarlos y garantizarlos, es el último que debería incumplirlos´.
El titular de Obras Públicas más de acotar que la propiedad no es sagrada, llegó a manifestar que era necesario corregir la propiedad de los medios de producción monopólicos.
Jorge Botti actual directivo del Cedice, expresa que con esa ´radicalización´ se limita más la propiedad privada. ´La propiedad privada es un derecho que cada vez se desdibuja más, pasó a ser una concesión del Estado y no un derecho´.
Acciones no acordes
El Ejecutivo mediante leyes y decretos está armando su modelo basado en la propiedad social, lo cual estaba previsto en la reforma constitucional rechazada en 2007. Pese a esas objeciones el mandatario no ha cesado en su objetivo y para afianzar el esquema socialista ha acudido a las expropiaciones.
Para los especialistas las medidas ejercidas en la zona industrial de Lara, donde están los galpones de Polar, son una ´vía de hecho´, lo que significa que la actuación del Gobierno no está acorde ni con la administración ni con las leyes.
Antonio Canova, abogado, expresa que ´los decretos de expropiación evidencian la toma de los bienes a la fuerza y sin ninguna valoración´.
El artículo 115 de la Constitución indica que solo por causa de utilidad pública mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización se declara la expropiación.
Canova comenta que ´las medidas requieren de la actuación de un juez, pero las acciones demuestran que no se cumplen con las garantías previstas en los procesos de expropiación´. José Vicente Haro, complementa al expresar que ´existe un abuso de poder y se deja de tener un resguardo jurídico. Se impone una voluntad´.
Para Luis Alfonso Herrera se busca amedrentar, mandar un mensaje, generar miedo, porque no hay ninguna proporción judicial´. A su juicio las ´medidas colocan en entredicho, cada vez más, el derecho a la propiedad privada. ´Es claro que cada vez más la expropiación se usa como una forma de castigo y eso es inconstitucional´.
Mayela Armas H. / Roberto Deniz
EL UNIVERSAL