Tras la aprobación, vía Ley Habilitante, de más de una decena de leyes en el campo económico en los últimos días del 2015, y con la designación del nuevo equipo de ministros que se encargará de aplicar estas leyes y de buscarle viabilidad al accionar de lo que el presidente de la República, Nicolás Maduro ha señalado como » una nueva economía productiva que se deslastre definitivamente del viejo rentismo petrolero y nos sirva para blindar al país de la guerra económica a que ha sido sometida nuestra población con factura interna y externa», comienza ahora un intenso y extenso debate que nos mantendrá ocupados por los próximos 5 años.
Si bien los anuncios en materia económica, que complementarán las últimas decisiones, están siendo postergados por unos días, según Maduro, junto al decreto de Emergencia Económica Constitucional, sin duda que tendremos que prepararnos para presenciar a lo largo de los meses por venir, un debate a nivel parlamentario que evidenciará abiertamente las dos visiones de país que harán vida en la Asamblea Nacional, «la casa de las leyes». A ello no escapará la economía en crisis que tenemos.
Es decir, estaremos en presencia de un inevitable debate del modelo que desde el punto de vista socialista, ha venido avanzando en el país y que ha tejido a lo largo de estos años de revolución, todo un entramado legal en el campo económico, frente a la tradicional visión capitalista de libre mercado, neoliberal, que imperaba en nuestro país hasta la llegada al Poder de Hugo Chávez Frías en 1999. Allí en el Parlamento estas posiciones tendrán que abordarse.
Y mientras aguardamos para ver el desenlace de que lo que vendrá en el campo económico, que copará la escena en la nueva Asamblea Nacional instalada el pasado 5 de enero, con mayoría opositora calificada, donde hasta ahora apenas ha habido «pequeños escarceos», pero que vislumbran lo que verdaderamente ocurrirá en las próximas semanas, el sector empresarial aguarda, aunque en los próximos días estará bajo perfil, una posición pública más comedida, para bajarle un poco la temperatura al termómetro económico y a sus aspiraciones en materia de revisiones legales. Veamos.
Quienes están llamados a impulsar el repunte del desarrollo de nuestra economía, han deslizado desde los gremios empresariales, tales como Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio, que esperan que algunas leyes sean revisadas y otras reformadas o derogadas. La Tarea en estos menesteres no será fácil ni la tienen fácil ninguno de los dos bandos, que estarán parlamentando en una Asamblea que ahora preside el diputado y dirigente de AD, Henry Ramos Allup.
El martes mismo de la instalación, tuvieron que reunirse algunos representantes de la MUD con voceros calificados de los gremios empresariales, no sólo para revisar la agenda sobre la materia, sino para solicitarles que sepan aguardar su momento, «por cuanto apenas están llegando y luce apresurado maniobrar sobre el delicado tema».
Cabe mencionar que tan pronto se conocieron los resultados electorales parlamentarios del pasado 6 de diciembre, que le dieron a la oposición venezolana una victoria aplastante sobre la opción gubernamental y la mayoría calificada en el Parlamento, el sector empresarial saltó a la palestra pública para solicitar cambios legales en materia económica, en leyes como la del Trabajo, la de Precios Justos, y un largo etc, que no es nuevo y que ha sido el planteamiento reiterativo de los últimos años.
Por lo pronto, «los nuevos ministros designados el miércoles, estarán en línea directa con las necesidades del país y en trabajo permanente con el pueblo, para impulsar el nuevo plan de rescate de la economía que estará centrado en la conformación del nuevo Estado Social, mediante la expansión de las misiones y la construcción de un modelo productivo», según lo manifestado en esa ocasión por el presidente Maduro.
Y agregaba que había «decidido conformar este equipo, para que hoy mismo, de manera inmediata, comience una nueva dinámica de trabajo con el pueblo, de acciones permanentes para enfrentar la grave situación económica que vive Venezuela, producto de la guerra económica, de la caída de los precios del petróleo, y de la guerra que tiene el imperialismo estadounidense contra la economía nacional», expresó el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores.
Visto así las cosas, tenemos que el pasado 30 de diciembre, estando habilitado el presidente Nicolás Maduro, firmó un conjunto de leyes que tienen que ver con el desenlace económico futuro del país, junto a otras más que se venían aplicando en el país.
Los Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tienen que ver con la Reforma Parcial de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, la que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos, la de Régimen Cambiario y sus ilícitos, la que tiene que ver con el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, la del Desarrollo de las Actividades Petroquímicas y la de Administración Financiera del Sector Público.
Igualmente, figuran la de Mercado de Valores, la que aborda lo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, la de la Actividad Aseguradora, y la Ley del Banco Central de Venezuela.
Tema minero. La Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos, busca impulsar el crecimiento económico de la nación, a través del desarrollo de nuevas fuentes de divisas que mitiguen la dependencia de la renta petrolera. Las actividades mineras se ejecutarán de forma científica y racional para procurar la óptima recuperación del recurso minero. Los proyectos mineros sólo podrán ser ejecutadas por el Ministerio de Petróleo y Minería, institutos públicos, corporaciones o empresas de su propiedad o filiales. Así como por empresas mixtas, donde la República posea al menos el 55% del capital social.
La Ley establece que de las cantidades de oro y otros minerales estratégicos de cualquier yacimiento, el Estado tiene derecho a una participación mínima de 3% y de un máximo de 13%, como regalía sobre el valor del producto final del mineral, que será establecido por el Ejecutivo.
Petroquímica. La recién promulgada Ley Orgánica para el desarrollo de la actividad petroquímica permitirá promover las inversiones y la diversificación industrial en el país. Establece que el Estado se reserva el ejercicio de las actividades de petroquímica básica e intermedia, y que incluyen la transformación química o física de materias primas basadas en hidrocarburos gaseosos, líquidos y sustancias minerales. El Ministerio de Petróleo y Minería tendrá a su cargo la formulación, regulación y seguimiento de las políticas, así como la planificación, vigilancia y fiscalización. Además de dictar políticas para garantizar el abastecimiento de mercado nacional.
Las empresas mixtas petroquímicas que se promoverán a través de esta legislación, contarán con una participación del Estado de al menos 50% en su capital social.
La materia cambiaria. El decreto aprobado habla de «combatir la guerra económica orquestada por sectores de la derecha, para resguardar los ingresos de las familias venezolanas». La ley dispone que el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) atenderá la asignación de divisas de acuerdo con los principios socioeconómicos que tienen como norte asegurar el desarrollo humano integral de los venezolanos.
Los actores que reciban las divisas para cubrir necesidades esenciales las emplearán en promover la generación de fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica. Se establece el certificado de producción, que será obligatorio para solicitar ante el Cencoex las divisas destinadas a la importación de insumos, servicios bienes de capital, u otro componente productivo.
Los importadores tendrán que indicar el origen de las divisas, y los exportadores de bienes y servicios, tendrán la obligación de declarar al BCV y al Cencoex, los montos en divisas y las características de cada operación, cuando supere los diez mil dólares, o en otra moneda.
Fuente: El Universal / WMZ