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Mil trabajadores están sometidos a procesos judiciales

Las organizaciones obreras rechazan la penalización de las luchas de los trabajadores por su derecho a la contratación colectiva, el empleo decente y estable, la huelga, el respeto de pensar distinto y la libertad sindical. Las penalizaciones han recrudecido en el gobierno de Nicolás Maduro, las cuales han afectado a un millar de trabajadores en diferentes procesos judiciales, aseguraron dirigentes sindicales.

Rolando Díaz, asesor e investigador laboral, indicó que Maduro lleva el récord de acoso a la clase trabajadora, pese a la afirmación de que su gobierno es obrerista. La cifra contrasta con los 200 trabajadores acusados durante la gestión del presidente Hugo Chávez.

Los afectados fueron detenidos y sometidos a régimen de presentación en los tribunales o se les aplicó medidas cautelares con prohibición de acercarse a los centros de trabajo con la amenaza de órdenes de captura.

José Bodas, dirigente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros, contó que en febrero de 2014 fue detenido, junto con nueve empleados de la refinería de Puerto La Cruz, Anzoátegui, en una protesta por el contrato colectivo.

Añadió que durante un año y dos meses se presentaron en tribunales. «Ahora pasamos por allí cada cierto tiempo porque todavía no ha salido la sentencia firme de la Fiscalía dándonos la razón».

Leonardo Azócar, del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica, refirió que desde 2015, con otros 3 trabajadores, tiene una medida cautelar de la directiva de la Siderúrgica del Orinoco.

El 21 de mayo pasado, cinco operadores de la Corporación Eléctrica Nacional en Zulia fueron detenidos y puestos en libertad la semana pasada con régimen de presentación. Están acusados de sabotaje, señalamiento que es negado por la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos.

Con estas acciones, además de la negativa al diálogo social, la imposición de los contratos colectivos desventajosos en el sector público y la destrucción de los empleos, se ha abultado el expediente de quejas de los empleadores privados y los sindicatos en la Organización Internacional del Trabajo contra los gobiernos de Chávez y Maduro.

El dossier contiene 124 denuncias ante los comités de Aplicación de Normas, Libertad Sindical y Expertos de la OIT entre 1952 y junio de 2016, de las cuales 69 ocurrieron en el chavismo. «De esos 69 casos, 70% corresponden a Maduro», aseguró Servando Carbone, directivo de la Federación de Trabajadores del Sector Público.

En la dictadura de Pérez Jiménez, cuando los sindicatos estaban proscritos y operaban clandestinamente, hubo 8 denuncias. A partir de 1964 se registraron otras quejas que sumaron 47 hasta 1998, sobre incumplimientos de los empleadores (Estado y empresas privadas) a los convenios 87 y 98 de la OIT de libertad sindical y contratación colectiva.

Fuente: El Nacional / AD