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Gobierno ha detenido a más de 20 empresarios en 2015

En lo que va de 2015 el gobierno ha anunciado la detención de más de 20 empresarios y gerentes de distribuidoras, comercializadoras de alimentos y bienes, más una red de farmacias, acusándolos de librar una “guerra económica” por presuntamente incurrir en los delitos de especulación, asociación para delinquir, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta, expendio de alimentos vencidos, acaparamiento, agavillamiento e incumplimiento establecidos en el artículo 60 de la Ley de Costos y Precios Justos, referido a boicot.

Son tres los empresarios detenidos de la Distribuidora Distenca, dos de Farmatodo, uno de Unicasa, cinco de la Corporación Cárnica, uno de Día Día, uno de la Distribuidora Alimentos CDF, tres de Distrilago y cuatro de Zuli Milk. A esta lista se le suman los dueños de Representaciones Herrera, que se desconocen quiénes y cuántos son.

Ayer la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a tres personas por el supuesto acaparamiento de cauchos y repuestos para carros en La Villa del Rosario. Iría Romero, Dibaye Rodríguez y Marcos Arroyo, quienes eran la propietaria, administradora y enlace de compras, respectivamente, de la Distribuidora Distenca, fueron acusados de acaparar la mercancía, para presuntamente venderla a sobreprecio. Se les acusa de asociación para delinquir y acaparamiento.

El miércoles 4 de febrero la Fiscalía solicitó la privativa de libertad de Pedro Angarita y de Agustín Álvarez, presidente ejecutivo y vicepresidente de operaciones de Farmatodo, respectivamente. Fueron imputados por presunto boicot y desestabilización económica y permanecen recluidos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, según un comunicado del Ministerio Público.

El fin de semana el presidente Nicolás Maduro había anunciado la detención de los directivos: “Pido a la Fiscalía acelerar todos los cargos para que vayan presos, bien presos. ¡Que les pongan los ganchos por conspiradores!”.

A la cadena Farmatodo que comercializa medicamentos, artículos de cuidado personal y alimentos en 147 tiendas, la Superintendencia de Precios Justos le abrió un acto administrativo.

Ese mismo día, el gerente de Unicasa-Plaza Mayor, Omar Ortuño, fue detenido por inactividad de 10 cajas de pago y la venta controlada de productos de primera necesidad a las afueras del establecimiento. Unicasa fue multada con 2,5 millones de bolívares.

El 3 de febrero el Ministerio Público privó de libertad a cuatro gerentes y a una accionista de la empresa Corporación Cárnica 2005 C.A, por supuestamente incurrir en los delitos de especulación, boicot, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta, expendio de alimentos vencidos, acaparamiento y agavillamiento. Fueron imputados la accionista y tesorera, Tania Salinas Rebolledo; los gerentes de logística y distribución, administración, compras y mercadeo, Yolman Valderrama, Delia Rivas Colina, Anllerlin López y Ernesto Arenas.

El lunes 2 de febrero Maduro pidió la detención de los directivos de la cadena de Practimercados Día Día. La madrugada del martes 3 fue ocupado temporalmente por el gobierno el almacén ubicado en La Yaguara, en Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, encabezó el operativo. Aseguró que encontraron más de 2.500 toneladas de alimentos acaparados.

Coraje y rigor. El 23 de enero se privó de libertad a Mauro Baffuno, coordinador de producción de la Distribuidora Alimentos CDF, por delitos económicos, es decir, no procesar café regulado, señaló el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.

El 27 de enero el gerente de Transporte de Distrilago C.A., Víctor Medina; el jefe de Planta, Silvio Calderón; y el trabajador Jean Carlos Arellano fueron privados de su libertad por su probable vinculación con el acaparamiento de 6 toneladas de leche en polvo.

El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó el 12 de enero que fue emitida la orden de captura de los hermanos Herrena, dueños de la distribuidora de productos de consumo masivo Representaciones Herrera. La empresa fue intervenida temporalmente y desde entonces pasó al Ministerio de Alimentación.

El viernes 9 de enero el viceministro de Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio, anunció que Zuli Milk sería intervenida por el gobierno por supuestas irregularidades en la creación del producto, su distribución y su precio. Más tarde, informaron que pasaban a Fiscalía los cuatro dueños de la empresa y que podrían pasar 10 años en cárcel.

El Dato. El Intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos, Cesar Ferrer, decomisó 33 toneladas de alimentos de la cesta básica, que se estaban vendiendo de manera ilegal a través de la modalidad de bachaqueo en el municipio Sucre, estado Miranda. Los productos serán distribuidos a través del Sistema Integral de Control de Alimentación a 35 bodegueros de 5 comunidades de la zona.

Fuente: El Nacional / DMR