El Gobierno ha dejado en manos del Parlamento el diseño del modelo socialista, y los proyectos que se están redactando señalan que los medios de producción serán manejados por el poder popular y que habrá una nueva división del trabajo.
La propuesta de Ley del Sistema Económico Comunal indica que el modelo productivo socialista ´está basado en la propiedad social y orientado hacia la eliminación de la división del trabajo del modelo capitalista´, y en otras disposiciones se detalla que en las nuevas empresas ´se deben promover formas de organización del trabajo que apunten a una nueva cultura laboral, maximizando las posibilidades para lograr la transición hacia el sistema productivo socialista´.
El diputado Ulises Daal, miembro de la Comisión de Participación Ciudadana, señaló que el cambio en la división del trabajo implica que en el nuevo sistema ´no habrá privilegios, no habrá posiciones jerárquicas y todos percibirán lo mismo por igual´.
Eso significa que en las organizaciones comunales los trabajadores tendrán los mismos ingresos. El parlamentario agregó que ´se plantea la igualdad en todos los aspectos´.
Los diputados que integran la instancia parlamentaria presentaron parte de los marcos legales que se discutirán en las próximas semanas, y en ese contexto destacaron que las leyes ´crean una institucionalidad del poder popular´.
Agregaron que las empresas previstas en la Ley del Sistema Económico Comunal no desplazarán el modelo vigente (propiedad pública y privada).
El diputado Alfredo Murga indicó que ´durante mucho tiempo estará la transición en la que coexistirán los modos de producción no capitalistas con los capitalistas, y eso será hasta que la madurez de la sociedad vaya extinguiendo esas formas capitalistas. El esquema de producción capitalista no se eliminará de un plumazo´.
Añadió que ´la transición implica un gran debate y tiene un norte que es constituir el socialismo conforme al Plan de Desarrollo Económico Social que se ejecutará hasta el año 2013.
El parlamentario explicó que ´no está contemplado que las empresas comunales asuman la producción de bienes espe- cíficos o estratégicos, el objetivo es que pueden producir diferentes bienes para las comunidades, no habrá obligatoriedad´.
Soporte: renta petrolera
De acuerdo a lo previsto en el proyecto, el sistema comunal abarca empresas de propiedad social comunales, unidades familiares y el sistema de intercambio. Esas organizaciones estarán exentas del pago de impuestos y tendrán prioridad en las contrataciones públicas.
En relación a las exenciones en la cancelación de tributos, Murga comentó que ´durante un tiempo, para garantizar la viabilidad de las organizaciones no se les debe pechar, en una sana administración tributaria no hace falta ese pago, para eso está la renta petrolera´.
Para complementar, Daal apuntó que ´los impuestos se pechan sobre las ganancias y lo que se recauda por los tributos se destina a inversión social. Los organizaciones socioproductivas, una vez cubiertos sus gastos, utilizarán los excedentes en las comunidades y eso es inversión social´.
Según el proyecto, las empresas no pagarán ni impuestos nacionales ni municipales. Además, recibirán financiamientos del Gobierno central y de las regiones.
Los diputados expresaron que el Estado al inicio se encargará de apoyar a las organizaciones socioproductivas, y adicionalmente se estima que las gobernaciones y alcaldías le realizarán aportes.
Al respecto, Alfredo Murga comentó que ´el Consejo Federal de Gobierno será el encargado decidir cuál será la contribución que efectuarán las regiones´, y destacó que ya existen varias gobernaciones apoyando las organizaciones del poder popular.
Mayela Armas H.
EL UNIVERSAL