ROBERTO DENIZ | EL UNIVERSAL
domingo 27 de julio de 2014 12:00 AM
El Gobierno nacional promete una «revolución fiscal» para los próximos meses. Entre los empresarios se encendieron las alarmas y sospechan que llegarán nuevas cargas tributarias.
«Es necesario para hacer justicia ir captando la fuerza económica que la República tiene. Y en los próximos días se presentarán los detalles», dijo Nicolás Maduro el pasado 15 de julio a propósito de la reforma fiscal que prepara el Ejecutivo nacional. El mandatario sólo adelantó que «van con todo» y que desean «elevar la cultura tributaria».
Eduardo Garmendia, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), manifestó que las empresas «no soportan nuevos impuestos».
«La carga fiscal del empresario en Venezuela es muy baja comparada con otros países, pero si usted le agrega todos los parafiscales (impuestos) es mucho más grande que en cualquier otra parte», dijo Garmendia en entrevista con Televen.
Estudios del economista Richard Obuchi, de ODH Consultores, le dan la razón a Garmendia. De acuerdo a sus cálculos las contribuciones fiscales surgidas en los últimos años en leyes como las de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti), la Ley Orgánica del Deporte o la Ley Orgánica de Drogas o los impuestos municipales, entre otras, han creado un escenario en el que la carga fiscal de una empresa oscila entre 40% y 60% de sus ganancias.
En las compañías de telecomunicaciones ese peso puede llegar, incluso, al 73% de las ganancias, según los cálculos del economista.
Pero en el ámbito empresarial el temor no sólo obedece a lo que puede ser una mayor presión fiscal. En Conindustria consideran que una reforma fiscal en «época de recesión» puede traer consecuencias adversas para un aparato productivo que está en crisis. «La reforma tributaria que se anuncia parecería dirigirse a elevar la recaudación del Estado, lo que podría traer un alza en la alícuota del IVA, nuevos impuestos (transacciones financieras, ya utilizado en el país) o una combinación. Ello reduciría el ingreso disponible de las familias y frenaría el consumo privado y por tanto la presión sobre los precios y la demanda agregada, en un contexto manufacturero deprimido», se lee en el boletín semanal del gremio, de fecha 18 de julio.
Se agrega en ese informe que de concretarse una reforma de esa naturaleza, «lo más probable es que los mayores impuestos recaudados se destinen a cubrir una gestión pública deficitaria, cuya eficiencia se ha venido reduciendo y ha originado mayor endeudamiento», pero que lo recomendable sería dirigir los ingresos a «inversión real, pues si se destinan a cubrir gasto corriente se mantendrá la elevadísima tasa de variación interanual de la cantidad de dinero en circulación y las presiones sobre los precios y el tipo de cambio».
Freno a la inversión
La economista Anabella Abadi también advierte que más cargas sobre las empresas «puede desincentivar la inversión» en un contexto que reclama más producción y nuevos empleos.
Explicó que las palabras de Nicolás Maduro sobre el carácter que tendrá la reforma fiscal, así como las que en el pasado han pronunciado diputados de la Asamblea Nacional apuntan a un «aumento de la recaudación tributaria» y no a una «disciplina fiscal».
«Los impuestos no deben convertirse en un desincentivo a la inversión, más bien, a veces se usa la exención de impuestos para fomentar y estimular la inversión», insistió la también consultora de ODH.
En Conindustria también hay dudas sobre la disciplina fiscal del Gobierno nacional. En el boletín del pasado viernes, titulado «¿A dónde fueron los ingresos petroleros de los últimos 15 años?», se demuestra que tras la bonanza vivida los ingresos no se invirtieron de la mejor forma.
«No se logró diversificar la economía: 96% de las divisas en la actualidad siguen proviniendo del petróleo; las exportaciones no petroleras del período 1999-2013 promedian algo más de $5 millardos anuales, similar al promedio de 1994-1998, y las reservas internacionales en poder del Banco Central de Venezuela (BCV) sólo se elevaron en $6.632 millones en esos 15 años, menos del 1% de toda la renta petrolera recibida».