El presidente Nicolás Maduro prorrogó por quinta vez el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, lo que significa que estará vigente por un año, violando lo que establece la Constitución que solo permite una prórroga por 60 días para totalizar 4 meses. Especialistas aseguraron que el instrumento jurídico únicamente ha servido para que el gobierno actúe con total libertad y sin rendir cuentas al Poder Legislativo.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli dijo que desde que entró en vigencia el decreto, la situación del país sigue empeorando. “A 10 meses del decreto ya dejó de ser una excepción que implique una situación de no funcionamiento del régimen constitucional. Se han violado todas las disposiciones de la Constitución y vulnerado los derechos de las instituciones”.
El abogado precisó que la emergencia económica, en vigor desde enero, ya era una forma de estado de excepción que, de acuerdo con la Constitución, solo puede regir por 60 días prorrogables por otros 60; por ello aseguró que extender su vigencia por quinta vez es “fraudulento”.
Aunque Maduró haya dicho el viernes 11 que prolonga la emergencia por otros 60 días en todo el país, de forma constitucional para seguir gobernando contra la guerra económica, continuar atendiendo y apoyando los Comités Locales de Abastecimiento y Producción e impulsar inversiones junto con las empresas públicas y privadas, el jurista advierte que la carta magna fija unos límites temporales para que medidas como esta no puedan mantenerse de forma indefinida. “Volver a hacer la declaratoria, luego de que finalizaron los lapsos, es soslayar esos límites”.
Raffalli aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de vericuetos jurídicos, está asumiendo el funcionamiento de la Asamblea Nacional e irrespetando su autonomía.
El jefe del Estado firmó decreto el 14 de enero de este año por primera vez, “con el objetivo de avanzar en acciones y planes para estabilizar la economía y proteger los derechos de los venezolanos”. Sin embargo, para el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, el instrumento jurídico ha sido utilizado por el Ejecutivo para incrementar el gasto público sin aprobación de la AN. “El gobierno está aprobando directamente créditos adicionales sin la revisión del Parlamento, e importa bienes prioritarios para mejorar momentáneamente el abastecimiento”, afirmó.
También le ha servido para orientar la distribución de 50% de la producción de bienes prioritarios de las empresas nacional a los CLAP.
También se creó el Comité Operativo Productivo Obrero para ejercer mayor fiscalización, con el propósito de verificar la producción en las empresas y monitorear la distribución de productos de primera necesidad con apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Fuente: El Nacional / DMR