Los sectores más afectados son agroindustrial, con 229 empresas, alimentos, con 32 compañías, metalúrgico, con 16 y químico, con 13 industrias
Un estudio realizado por la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, reveló que desde 2002 hasta enero de 2011 se han registrado 623 casos de ataque a la propiedad privada empresarial, sin considerar las tomas continuas de tierras en el sector agrícola.
El documento, enviado por la organización, apunta que la actividad agroindustrial es la más afectada por estos ataques, con 229 casos, que representan el 37% de la cifra contabilizada.
Entre 2002 y 2005 se produjeron 14 casos de ataques contra la propiedad privada, en 2006, 1, en 2007, 126, al año siguiente bajó a 25. En 2009, se dieron 139 casos, en 2010, 287 y en lo que va de 2011, el número es de 31 casos. Llama la atención el hecho de que el 70% de estos registros se han generado entre el año 2009 y 2011.
En cuanto a sectores, los más afectados son agroindustrial, con 229 empresas afectadas (37%), alimentos, 32 empresas (5%), automotor, una empresa (0,2%), metalúrgico, 16 compañías (3%), químico, 13 industrias (2%), y textil, 2 empresas (0,3%).
La dirigencia del gremio industrial expresó su preocupación ante esta arremetida contra la propiedad privada empresarial, ya que da cuenta de la incertidumbre jurídica que se vive en el país y refleja en una paralización de las inversiones, que podría llevar al desabastecimiento de bienes y servicios y por, ende, mayor inflación.
Señala Conindustria que es indispensable que se genere un clima de confianza que permita incrementar las inversiones para así poder aumentar la producción, generar más bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población y además garantizar cada vez más fuentes estables de trabajos dignos y bien remunerados.
La nota de prensa enviada por Conindustria destaca que hasta ahora se ha visto en las empresas estatizadas por el gobierno una paralización o disminución de los niveles de producción. Por eso, el grupo reiteró su llamado a las autoridades para que cese el clima de hostigamiento contra la empresa privada, y se garanticen los derechos económicos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.