Yeimmy C. Espejo
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Foto: Freddy Pereira
Con la intención de orientar y estudiar los casos de afectados por el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Consejo Legislativo del estado Aragua (Clea) instalará una comisión que se encargará de elaborar una serie de propuestas que serán elevadas a la Asamblea Nacional (AN).
Se prevé que dicha comisión se instale luego del receso parlamentario, es decir a partir del 15 de septiembre, tal información la suministró la diputada Míriam Pardo, durante la primera reunión con representantes del Indepabis, Ministerio Público, Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, entre otros.
Pardo aseguró que el encuentro sirvió para que los organismos se comprometieran a seguir llamando a los denunciantes y a las empresas que han sido acusadas de incumplir con la resolución 110, así como dar celeridad a los procedimientos que son procesados por los entes encargados.
Según la parlamentaria, constructores y propietarios de inmuebles han venido afectando a estas familias de manera sistemática, por ende, se activó la Oficina de Denuncias y Mesa Permanente, la cual tendrá como misión recibir los casos respectivos al tema y reunirse una vez a la semana para evaluar los avances obtenidos.
En cuanto a las denuncias, Pardo aseguró que en la región se han contabilizado más de mil familias afectadas, razón por la que elevó la importancia de este tipo de reuniones con los organismos involucrados en el caso.
La parlamentaria ofreció las instalaciones del Consejo Legislativo para responder las inquietudes, planteamientos y atender denuncias de las personas que “han sido chantajeadas para obtener viviendas”.
La resolución
A través de Resolución Nº 110 de la Gaceta Oficial Nº. 39.197, de fecha 10 de junio de 2009, quedó eliminado el mecanismo ilegal de cobro del llamado Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se prohibió expresamente el cobro de cuotas, alícuotas, porcentajes y sumas de dinero basados en éste, o cualquier mecanismo de corrección monetaria o ajuste por inflación.
La citada prohibición, que tiene aplicación en todo el mercado inmobiliario destinado a la vivienda y hábitat, beneficiará a 25 mil familias a nivel nacional y más de mil en la región aragüeña. Las constructoras deben devolver lo cobrado y deberán indicar la fecha de culminación de la obra en los contratos de compra-venta.